“El Mochilas” y cómplices, responsables de la crisis del rastro

0
  • La historia del gran despojo al patrimonio municipal que tiene en vilo al gobierno vallartense por el desalojo del terreno donde se ubica el rastro municipal

Por José Luis López /

Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido con el mote de “El Mochilas”, candidato a la diputación federal por el 05 Distrito de Jalisco, es el responsable directo de crisis que vive actualmente el municipio vallartense con el asunto del rastro municipal, y otros tantos problemas que heredó durante su gestión como alcalde del puerto en el período 2012-2015.

Todo empezó cuando el apodado “El Mochilas”, en complicidad de varios (ex) regidores afines y aliados de su cabildo, en 2015, logró despojar al municipio de 18 valiosos predios del patrimonio, donde incluso operaban varias oficinas y dependencias de servicio del ayuntamiento.

Fue en una accidentada sesión de cabildo, una madrugada de principios de febrero de 2015, en lo oscurito, cuando se consumó el más grande despojo patrimonial de que se tenga registro en la historia de este municipio costero. El argumento era que se requerían recursos para pagar una deuda de 40 millones por un litigio que perdió el ayuntamiento con una empresa particular, y la única “salida” que presentó el entonces alcalde, oriundo de Ayutla, era rematar esos predios propiedad del municipio.

Sin embargo, algunos regidores que en su momento se opusieron a este acto, advirtieron que solo se trataba de un negocio millonario del motejado “Mochilas”, al demostrar con avalúos que los 18 terrenos que en conjunto sumaban más de 80 mil metros cuadrados, tendrían un valor comercial de alrededor de 250 millones de pesos, mientras que los avalúos que presentó “El Mochilas” correspondían a un valor catastral de 20 años atrás, de 1990, como lo señalaron los ediles Humberto Muñoz Vargas (PAN), Susana Mendoza Carreño y el ex síndico, Roberto Ascencio Castillo.

Pero los argumentos presentados por los regidores oponentes no fueron suficientes y el acto se consumó esa madrugada del 2 de febrero del 2015, cuando tras una larga discusión, se aprobó por mayoría calificada el dictamen que establecía la desincorporación de los 18 predios del patrimonio municipal, para entregarlos en dación de pago.

Los cómplices

Para ello el alcalde “Mochilas” contó con el aval de sus regidores afines: María Candelaria “Cande” Villanueva Sánchez, Javier “Pitas” Pelayo Méndez (quien concluyó el período de Guerrero Martínez como alcalde interino); Luis Ernesto Munguía González (diputado federal con licencia y actual candidato a diputado local por el 05 distrito); María Guadalupe Anaya Hernández, Otoniel Barragán Espinoza, Doris Ponce Aguilar, Óscar Ávalos Bernal y el panista Jesús Anaya Vizcaíno.

Desde luego la consumación de este millonario despojo, no habría sido posible sin la complicidad de los regidores de la fracción del PRI, liderada por Adrián Méndez González “El Archie”, quien fue contrincante de “El Mochilas” en la contienda por la alcaldía en 2012; Miguel Ángel “Tito” Yerena Ruiz, quien también contendió por el PRD y luego se unió a la fracción priista, y Jessica Yadira Guerra Yerena, los tres de extracción cetemista.

“Tito” Yerena y Jessica Guerra, son sobrinos del líder regional y estatal de la CTM y actual diputado federal por el PRI, Rafael Yerena Zambrano. Además, el abogado Miguel Ángel Yerena, fungió como síndico municipal en el período de gobierno del priista Gustavo González Villaseñor, cuando se convirtieron en estacionamientos públicos los parques Hidalgo y Benito Juárez, plaza Lázaro Cárdenas y plaza de El Pitillal. A “Tito” Yerena se le atribuye la autoría de los convenios ventajosos con las empresas concesionarias de estos estacionamientos.

El origen

Precisamente, el estacionamiento de la plaza de El Pitillal, es la causa y origen de este despojo, toda vez que en los gobiernos posteriores al de González Villaseñor, se inició un juicio legal contra la administración del priista Javier Bravo Carbajal, por negarse a respetar el convenio que se estableció para la operación del estacionamiento, por considerarlo leonino y ventajoso para la empresa, en ese tiempo propiedad del cantante Alejandro Fernández.

En el siguiente gobierno del también priista Salvador González Reséndiz, éste se desentendió por completo del asunto y se perdió el juicio, el cual “rebotó” en el gobierno de Ramón Guerrero, quien argumentando una serie de argucias legales, bajo la “asesoría” del mismo “Tito” Yerena y la complicidad de Adrián Méndez “El Archie”, planeó la venta de los 18 predios municipales para “pagarle” a la empresa los daños y costas del litigio.

También Chavita González

Como paréntesis, habría que recordar que en la administración de Salvador González Reséndiz, este también enajenó cinco terrenos propiedad municipal que se remataron a particulares por 24 millones de pesos. Se dice que algunos de estos predios terminaron en las empresas inmobiliarias de los hermanos González Reséndiz, Salvador y Rafael, éste último diputado federal de 2012 al 2015, quien compitió por la diputación local y perdió precisamente contra Ramón Guerrero.

Pues bien, uno de los 18 bienes es precisamente donde se encuentra el rastro municipal, que en esa transacción fue rematado en la ridícula cantidad de 3 millones de pesos, aún cuando se valoró en 11 millones y su precio real en aquel momento era de 24 millones de pesos.

Todo ello fue denunciado en su momento, incluso por el entonces regidor del Partido Verde, Agustín Álvarez Valdivia, quien presentó un recurso de amparo por la vía civil para reclamar la suspensión del dictamen aprobado en el cabildo, pero extrañamente este no prosperó. Al parecer, Agustín se desistió del recurso y fue “premiado” con el cargo de director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, a propuesta de Ramón Guerrero, donde Álvarez Valdivia despachó por más de dos años.

Las consecuencias

A poco más de tres años de que se consumara el despojo y pese a los intentos del actual gobierno municipal por alargar los tiempos para desocupar el predio de el rastro, la orden de un juez llegó para presionar y obligar a los tablajeros e introductores a desocupar el edificio y que la empresa demandante tome posesión del predio.

Sin embargo, el ayuntamiento aún tiene en obra negra el nuevo rastro y se ha informado que éste será entregado a finales de junio, aunque ya se utiliza para la matanza de aves.

El desalojo de los tablajeros e introductores, los ha obligado además a buscar una alternativa para la matanza de reses y cerdos, en un rastro del vecino municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, bajo la amenaza de incrementar los precios de la carne hasta en un 30 por ciento, versión que ya también fue desmentida por el presidente de la Unión de Tablajeros e Introductores de Puerto Vallarta, Valentín Torres, en un escrito que hizo circular el fin de semana en los medios locales.

La crisis por este problema del rastro, ha permeado por igual entre la población, que está pagando las consecuencias de los actos de gobierno de Ramón Guerrero Martínez, contra quien llueven señalamientos de corrupción por la enajenación de los 18 bienes inmuebles del municipio.

El botín

Es un secreto a voces que Ramón Guerrero “El Mochilas”, presuntamente repartió varios millones de pesos entre los (ex) regidores cómplices que aprobaron la desincorporación y venta de los predios municipales.

Entre los más beneficiados, se especula está el propio Miguel Ángel “Tito” Yerena Ruiz, quien en su momento defendió y justificó la venta de los 18 terrenos, junto con Adrián Méndez “El Archie”, quien además de la supuesta “rebanada” del pastel, fue premiado por “El Mochilas” con una jugosa pensión (jubilación) vitalicia con sueldo de regidor que religiosamente recibe mes con mes del erario municipal. “El Archie” cobra a la fecha alrededor de 70 mil pesos mensuales como parte de su jubilación, además otras prestaciones que la “ley” le otorga.

Es también un secreto a voces (que nadie se atreve a afirmar públicamente), que la fracción priista-cetemista, liderada entonces por Adrián Méndez, a la que se unió “Tito” Yerena, y Jessica Guerra Yerena, habrían recibido “línea” del líder cetemista Rafael Yerena Zambrano, para consumar la venta de los 18 bienes del municipio. Hay quienes se atreven a asegurar que “Don Rafa” se llevó la nada despreciable cifra de 5 millones de pesos, solo por dar la indicación a sus regidores de levantar la mano a favor del despojo.

Los demás regidores “afines” al “Mochilas”, también habrían recibido su “tajada” por avalar el dictamen. Solo Humberto Muñoz Vargas, Susana Mendoza Carreño y el ex síndico Roberto Ascencio Castillo, se mantuvieron firmes en su rechazo a este vil despojo salpicado de corrupción.

El “Beto” Gómez Arévalo

Humberto Gómez Arévalo, es otro de los regidores que sin duda se habría opuesto a la venta de los predios municipales, sin embargo el conocido “Beto” del Infonavit “desapareció” misteriosamente sin dejar rastro el 15 de enero de 2015, días antes de aquella madrugadora sesión de cabildo en que se aprobó el despojo.

Lo último que se supo del “Beto” Gómez, es que al parecer fue “levantado” por un grupo de sujetos en el estacionamiento de un centro comercial, y su vehículo fue encontrado al día siguiente por el rumbo de Las Mojoneras, con manchas de sangre. Se sabe que la última persona que tuvo contacto con él, es la ex regidora Susana Carreño, a quien le habría llamado para solicitarle un préstamo, y ya no volvió a saber más de él.

Hasta la fecha el “Beto” Gómez Arévalo se encuentra en calidad de desaparecido, un escándalo que también pesa sobre figura de Ramón Guerrero Martínez, ya que son públicas las diferencias personales y políticas que sostuvo con el “Beto”, quien en una ocasión lo denunció de haberlo amenazado de muerte y en otra de haberlo mandado golpear con policías. También denunció el robo de documentos y su equipo de cómputo que manos extrañas sustrajeron de su cubículo en la presidencia municipal, donde al parecer el “Beto” guardaba información que comprometía al “Mochilas”.

Los otros pendientes

Sobre “El Mochilas” también pesan otros señalamientos de corrupción, como la renta a sobreprecio de 20 patrullas de policía en lo que se gastó más de 40 millones de pesos; el sistema de riego de la avenida principal Francisco Medina Ascencio por el que se pagaron 15 millones de pesos y nunca funcionó; la retención de las cuotas de pensiones de los trabajadores al IPEJAL, cuya deuda dejó en más de 300 millones de pesos, adeudo por el que incluso el edificio de la UMA fue entregado en garantía al instituto de pensiones; la retención de los pagos de los trabajadores al Fonacot, cuyo monto de casi 20 millones de pesos, no se ha sabido a donde fue a parar.

También está el no pago a proveedores y laudos de trabajadores que, incluso en el último ejercicio de su administración, se presupuestaron 90 millones de pesos que nunca se ejercieron para ese fin, quedando la sospecha del destino de ese dinero, entre otros tantos asuntos que aún merodean a su gobierno.

En campaña

En sus actos de campaña por la diputación federal, Ramón Guerrero Martínez no tiene empacho en lanzar acusaciones de corrupción a diestra y siniestra y hablar de honestidad. Sigue con el mismo viejo discurso de acusar de corrupto a “ese PRI podrido y rancio de Gustavo González Villaseñor, Javier Bravo Carbajal y de ‘Chafita’ (Salvador) González Reséndiz”, por el que pide a la gente no permitir su regreso

Frente a los ciudadanos, “El Mochilas” pretende darse baños de pureza y pasar desapercibidas todas las tropelías que cometió durante su gobierno, tropelías como la del rastro municipal que muchos de esos ciudadanos no olvidan y  buscarán cobrarle el próximo 1 de julio.

 

Leave A Reply